MIENTRAS LOS BASUREROS DE MONTEVIDEO SE NIEGAN A RECOGER LA BASURA PORQUE CONSTANTEMENTE SUFREN ROBOS, EL GOBIERNO URUGUAYO GASTÓ MILLONES DE DÓLARES EN MONTAR UN SISTEMA DE ESPIONAJE POLÍTICO ILEGAL
PERO, UN ''SNOWDEN URUGUAYO'' SE LO CONTÓ A LA PRENSA URUGUAYA
EL GOBIERNO DE ARGENTINA TAMBIÉN ESPÍA ILEGALMENTE A SUS CIUDADANOS, SEGÚN LO INFORMÓ JULIAN ASSANGE
LO MISMO HACE BRASIL, QUE NO POR CASUALIDAD LE VENDIÓ EL SISTEMA DE ESPIONAJE ILEGAL A URUGUAY, LO CUAL DEMUESTRA LA ESPECIALIZACIÓN DEL GOBIERNO BRASILEÑO EN EL TEMA
SOBRE EL ESPIONAJE ILEGAL DE LA DICTADURA DE VENEZUELA, ''UNIVISIÓN'' INFORMÓ HACE UN PAR DE MESES
ES DECIR, LOS PAÍSES FASCISTAS DE AMÉRICA LATINA COMO VENEZUELA, ARGENTINA, BRASIL Y URUGUAY PUEDEN ESPIAR ILEGALMENTE A SUS CIUDADANOS , PERO ESTADOS UNIDOS NO DEBE HACERLO
29/07/2013
UNIDOS ... PARA ESPIAR A SUS CIUDADANOS
EDITORIAL DEL DIARIO URUGUAYO ''ELPAÍS''
Un Gran Hermano Uruguayo
La noticia no debió filtrarse.
Las autoridades del Ministerio del Interior y Presidencia de Uruguay habían dado órdenes expresas para que la operación fuera secreta.
Pero cuando el diario El País publicó la semana pasada los detalles de la millonaria compra por parte del gobierno de Mujica de un moderno sistema de espionaje electrónico, se encendieron las alarmas.
Lo primero que sorprendió fue el monto de la operación; más de dos millones de dólares para adquirir en Brasil el sistema llamado El Guardián Web.
Se trata de un esquema de escuchas y vigilancia de datos en internet que permite a quien lo use la supervisión en tiempo real del tráfico que generan hasta 800 celulares y 200 teléfonos fijos.
También habilita a crear cuentas espejo de hasta 100 suscripciones de e-mails y el monitoreo de hasta tres redes sociales.
El sistema fue adquirido por compra directa del Ministerio, sin licitación, y bajo estricto secreto ya que, según las autoridades, "la difusión de la contratación podría generar graves perjuicios para la Seguridad Pública, tanto desde el punto de vista técnico como estratégico".
El segundo aspecto polémico es que este sistema ya ha generado fuertes críticas en Brasil, donde se ha denunciado desde que las autoridades policiales se aprovechan del sistema para realizar escuchas telefónicas sin autorización legal.
Para colmo, la empresa que desarrolló el sistema guarda una "copia de seguridad" de todo lo interceptado, algo que de ser cierto, sería un escándalo inadmisible.
Hay un tercer elemento llamativo en todo esto, y es que la compra por parte del Estado Uruguayo de este sistema de espionaje, coincide con el escandalete montado por la Cancillería Uruguaya en conjunción con las de otros países de la región a raíz de un episodio que involucró al Presidente Boliviano, Evo Morales.
Morales fue retenido ilegalmente en Europa por sospechas de que transportaba en su avión oficial al prófugo Edward Snowden, ex funcionario de una empresa contratada por la CIA y que ha denunciado un gigantesco esquema de espionaje internacional patrocinado por su país.
Ante esta situación, los gobiernos de la región hicieron una encendida defensa de Snowden y llamaron a terminado con este espionaje global.
O sea que, para nuestros gobernantes, el espionaje es malo si lo hace un país como EE.UU., pero bueno si lo hacemos nosotros.
Otro punto interesante para sumar a la polémica, es que en el mismo momento en que el gobierno ordena esta compra en forma secreta, el Parlamento se apresta a votar una Ley Nacional de Inteligencia, que con apoyo de todos los partidos lleva al menos tres años de debate legislativo.
Una ley de extrema sensibilidad, y que había logrado extraerse de la lucha política menor y cotidiana, para que contara con el más amplio respaldo político.
Y sin embargo, cuando está a punto de dar a luz, resulta que el Gobierno se descuelga con una compra de este tipo, sin ni siquiera esperar a que la nueva ley sea una realidad.
Tan secreto y tan a las apuradas ha sido esta operación, que ni siquiera la Fiscalía de Corte, único representante de la causa pública en nuestro sistema penal, y a quien compete ordenar este tipo de operación, previa autorización judicial, no sabía nada al respecto.
Al punto que el Fiscal de Corte Jorge Díaz alertó que "habrá que ver qué controles y garantías se disponen. El Ministerio del Interior deberá darle al Poder Judicial garantías suficientes".
Por su parte el experto en temas informáticos, Raúl Echeberría, criticó el secretismo en torno a la operación, y señaló que "así como se informa sobre la compra de 25 patrulleros, los ciudadanos también deben saber cuáles pueden ser los recortes a sus derechos".
Por allí parece estar la clave del asunto.
Está bien que la policía y las fuerzas de seguridad se modernicen y cuenten con las mejores herramientas para enfrentar al delito.
Pero esto, en un Estado Democrático, no puede implicar darle carta blanca a funcionarios oficiales para que avasallen los derechos a la privacidad y a la intimidad de los ciudadanos.
Debe estar claramente definido en qué casos se puede usar, con orden de un Juez, y sobre todo qué se hace con toda esa información disponible.
Se debe dar las mayores garantías, y la máxima transparencia a los ciudadanos de que con la excusa de combatir las acciones ilegales de unos pocos, no se vulneren los derechos de la mayoría.
(Fuente : elpais.com.uy)
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