ARGENTINA - ¿ INDEPENDENCIA DE LA JUSTICIA ? - 10 SUPUESTOS PARTICIPANTES EN LA REPRESIÓN DEL TERRORISMO EN LOS AÑOS 1970s QUEDARON LIBRES POR ORDEN DE UN JUZGADO

ARGENTINA ES UNO DE LOS POCOS PAÍSES DEL MUNDO DONDE LOS TERRORISTAS SON CONSIDERADOS "JÓVENES IDEALISTAS"



EN LOS TRIBUNALES ARGENTINOS SE DEBERÍAN CUMPLIR LAS LEYES



DEBEN QUEDAR PRESOS AQUELLOS QUE VIOLARON LAS LEYES ARGENTINAS,  SIN DISCRIMINAR SI SON CIVILES, POLICÍAS Ó MILITARES



ES INJUSTO QUE AQUELLOS FUNCIONARIOS PERONISTAS QUE EN 1975 DIERON LA ORDEN DE "EXTERMINAR A LOS TERRORISTAS" ESTÉN LIBRES


ES INJUSTO QUE LOS EX JEFES TERRORISTAS PERONISTAS (MONTONEROS), QUE ASESINARON, SECUESTRARON Y TORTURARON ESTÉN LIBRES


ES INJUSTO QUE NO SE INFORME QUE LOS MILITARES TENÍAN DATOS COMPLETOS DE LOS CIUDADANOS QUE HARÍAN "DESAPARECER", Y QUE SE LOS HABÍAN COMPRADO A LOS JEFES TERRORISTAS POR VARIOS MILLONES DE DÓLARES


ES INJUSTO QUE LOS CIVILES TORTURADORES ESTÉN LIBRES


ES INJUSTO QUE HAYA MILITARES Y POLICÍAS PRESOS "POR PORTACIÓN DE UNIFORME" Ó POR NO SER PERONISTAS 



02/01/2015



Argentina - Fuerzas Armadas



Disponen la libertad de 10 "represores" 




En una semana, la Justicia ordenó la liberación de imputados por su participación en la "Guerra Sucia",  en La Pampa y Entre Ríos




En el lapso de una semana, la Justicia dispuso la libertad de diez represores.


Se trata de tres condenados en la causa conocida como Área Paraná, en Entre Ríos, y de siete imputados en la causa Subzona 14 II, en La Pampa.


“Estamos muy preocupados. Es una vergüenza. Vamos a seguir insistiendo en el camino de la Justicia sin venganza, como lo hicimos siempre”, le dice Taty Almeida, referente de Madres de Plaza de Mayo –Línea Fundadora a Letra P.


En el caso de La Pampa, el Tribunal Oral Federal liberó la semana pasada a los policías Luis Lucero, Miguel Ochoa, Oscar "Miseria" López, Jorge Quinteros y Orlando Pérez, procesados por más de 300 casos de secuestros y torturas durante la dictadura militar.


Los Jueces Marcos Aguerrido y los subrogantes Orlando Coscia (de Neuquén) y Alejandro Silva (de Río Negro), consideraron que estaba vencido el plazo de prisión preventiva a la que estaban sujetos.


La decisión del Tribunal tuvo la oposición del Fiscal Federal Juan José Baric, quien recurrirá la medida ante la Cámara Nacional de Casación Penal.


Este Miércoles, el Tribunal sumó otras dos excarcelaciones : la de Juan Domingo Gatica y Miguel Gauna, quien ya gozaba de prisión domiciliaria.


Fuentes de la Procuración explicaron a Letra P que advierten “con preocupación”, que la situación que derivó en la excarcelación es consecuencia de la decisión “que implicó postergar el inicio del juicio oral – todavía sin fecha- que los tiene como imputados y que debía comenzar en Octubre”.


La postergación fue producto de la recusación de dos de los miembros del Tribunal.


La Fiscalía presentará un escrito solicitando la fijación de fecha para el debate y, con ello, la aplicación del artículo 366 del Código Procesal Penal para la detención de los que estén en libertad.


La fijación de la fecha debería incidir en el futuro de los pedidos de libertad de los imputados.



En el caso de Entre Ríos, la causa tramitó bajo el viejo Código Procesal Penal, por lo que la sentencia contra siete represores hallados culpables de delitos de lesa humanidad contra
52 personas – entre ellas, cinco desaparecidos - en la causa conocida como Área Paraná, fue dictada por el propio Juez de Instrucción Leandro Ríos.


Las condenas fueron sensiblemente menores a las pedidas por las querellas y la fiscalía.


Sólo el ex marino Cosme Demonte fue sentenciado a prisión perpetua, mientras que el represor Jorge Appiani fue condenado a 18 años; José Appelhans, a 14; el Dr. Hugo Moyano, a ocho; Alberto Rivas y Rosa Bidinost, a seis; y Oscar Obaid, a tres años.


La sentencia será recurrida tanto por las querellas como por el Ministerio Público Fiscal ante la Cámara de Apelaciones de Paraná.


Con condenas leves, el Juez consideró que Rivas, Bidinost y Obaid tenían penas “cumplidas”, por lo que dispuso su libertad en esa causa.


Sin embargo, desde el Ministerio Público informaron que, por el momento, tanto Appelhans como Appiani, Bidinost, Demonte, Moyano y Rivas, están también detenidos y procesados en la causa N° 12.810 "Appiani", por lo que deberían seguir detenidos.


El rol de la Procuración General es fundamental en este aspecto, para asegurar las apelaciones a las decisiones judiciales.


El organismo es el encargado de marcar la política criminal del Gobierno y definir qué delitos el Estado está dispuesto a perseguir.


Es por eso que los organismos de Derechos Humanos ven con preocupación la intención del presidente Mauricio Macri de apartar a la procuradora Alejandra Gils Carbó de su cargo.


“Sabemos que con ella siguen los juicios. Es preocupante para nosotros que la remuevan. Estamos muy atentos a ver qué sucede”, dijo un referente del área.  


Fue ése, precisamente, el desacuerdo que tuvieron los titulares de los organismos con el Ministro de Justicia, Germán Garavano, en la reunión de la que participaron, a pocos días de su asunción en el predio de la ex Esma.


Durante el encuentro, que todos los asistentes, calificaron como “muy amable”, Garavano habló poco y se dedicó a escuchar a los representantes de los organismos, que pusieron la continuación de las políticas de derechos humanos en el tope de sus inquietudes.


“Dijimos que no bajábamos nuestras banderas de Verdad, Memoria y Justicia”, explicó la Kirchnerista Estela de Carlotto. Garavano estuvo acompañado por el secretario de Derechos Humanos, Claudio Avruj.


Entre las pocas definiciones que dio, el Ministro aseguró que los juicios “van a continuar”.


Sin embargo, planteó que el Gobierno está decidido a separar de su cargo a la Kirchnerista Gils Carbó. 


En ese punto se produjo el desacuerdo, ya que los titulares de los organismos explicaron la importancia de la línea política de la Procuración en la continuidad de los juicios, el impulso de las investigaciones y las apelaciones de las decisiones judiciales.


“El Ministro dijo que eso no era negociable, que la van a sacar”, dijo uno de los asistentes.



Pocos días antes, el premio Nobel de la Paz, el "Sciolista" Adolfo Pérez Esquivel, le había dado su respaldo público a Gils Carbó.


“Apoyamos la permanencia de la Procuradora porque no sólo está haciendo un muy buen trabajo sino porque además removerla es inconstitucional, y no hay ninguna razón para iniciarle un juicio político”, dijo el titular del Servicio de Paz y Justicia (Serpaj).


Si bien el Ministro se comprometió ante los titulares de los organismos a respetar la continuidad de los juicios, en los organismos advierten que ni Garavano ni el Presidente Macri – quien dijo que el Gobierno iba a garantizar la independencia de la Justicia –se refieren al tema “como política de Estado”.


Consultadas sobre las decisiones de los tribunales de La Pampa y Entre Ríos, fuentes del Ministerio de Justicia dijeron a Letra P que no estaban al tanto de lo sucedido ni se pronunciaron al respecto.


La Secretaría de Derechos Humanos, que depende de la cartera que conduce Garavano, es querellante en al menos 180 causas de lesa humanidad. 



Fuente :

http://www.letrap.com.ar/nota/2015-12-31-disponen-la-libertad-de-10-represores-alerta-en-organismos-de-derechos-humanos