ESTADOS UNIDOS - ¿ INSEGURIDAD JURÍDICA Ó SIMPLE ROBO ? - POLICÍAS NORTEAMERICANOS INCAUTAN DINERO EN EFECTIVO SIN AUTORIZACIÓN JUDICIAL - SÓLO DEBEN ALEGAR QUE SOSPECHAN LA EXISTENCIA DE "LAVADO DE DINERO"

LA IDEA DEL GOBIERNO DE EEUU Y SUS ALIADOS EUROPEOS OCCIDENTALES ES LOGRAR QUE NADIE TENGA DINERO FÍSICO



TRATAN DE INSTAURAR UN "CORRALITO" MUNDIAL



INCAUTAN DINERO EN EFECTIVO Ó DEPOSITADO EN BANCOS POR "SOSPECHAS", Ó PORQUE EL PAÍS DE ORIGEN DEL AHORRISTA DESOBEDECE AL "FUHRER" DE EEUU, Ó POR CUALQUIER OTRA "RAZÓN"


SI CON TODO ESTO NO ALCANZA,  LLEGA LA RAPIÑA : PROVOCAN "BURBUJAS" DE PRECIOS EN ACCIONES, PROPIEDADES, ETC. Y LUEGO DESTRUYEN LOS AHORROS DE LOS INCAUTOS 



¿ LAS CONSECUENCIAS DE TODO ESTO ?


EL DINERO SE ESCONDE COMO EN LA ÉPOCA DE LOS PIRATAS, Y LOS BANCOS, SIN FONDOS,  DEBEN SER "SECRETAMENTE" SALVADOS POR LOS GOBIERNOS,  QUE A SU VEZ  FALSIFICAN SUS DESASTROSAS ESTADÍSTICAS



15/04/2015



Estados Unidos 



¿ Por qué la Policía de EE.UU. se puede quedar con tu dinero ?




A Jennifer Boatright y Ron Henderson, el agente de policía que los paró un día de 2007 en una autopista de Texas no les puso ni una multa.


Pero se quedó con los US$ 6.000 que llevaban en el vehículo. 




Por : Abraham Zamorano BBCMundo.com 




La confiscación civil nació como herramienta en la lucha contra el narcotráfico.


Porque, en EE.UU., además de pedir la documentación, el Policía que les da el alto también puede hacerles a los conductores una pregunta tal vez algo extraña: "¿ Cuánto dinero en efectivo lleva en el vehículo ?".


Y si la hace, es posible que se lo quede haciendo uso de la figura de "confiscación civil" y para eso no hace falta que se haya cometido delito alguno.


Se trata de una acción legal, amparada por una polémica interpretación de una normativa federal nacida en 1984 con el fin original de combatir el narcotráfico y otros bienes productos de fraude.


Dinero en efectivo, teléfonos, computadoras y hasta bienes raíces pueden quedar en manos de la policía, en algunos casos sin siquiera una orden de respaldo por parte de un tribunal.



Por la manera como ha sido usada en algunas agencias locales, ha sido calificada por sus críticos como una sensacional fuente de ingresos para algunos cuerpos policiales.



Porque sucede que si el ciudadano carece de recursos para contratar un abogado y litigar, sus bienes acabarán engrosando las arcas del departamento al que pertenece el agente, y con él podrán comprar armas, autos o uniformes, como indica la ley.



"Demasiado Poder"



Desde Septiembre de 2001, cuerpos de policía en EE.UU. han incautado
US$ 2.500 millones en 62.000 actuaciones sin acusar a nadie de ningún crimen, según una investigación del diario The Washington Post.


De eso, las autoridades locales y estatales se quedaron con US$ 1.700 millones, mientras a agencias federales pasaron US$ 800 millones.


Los estados y hasta los condados pueden tener leyes específicas para la confiscación civil, pero también pueden usar la normativa federal para justificar un decomiso.


Bajo el Programa Federal de Reparto Equitativo, que regula esas operaciones, las policías locales se quedan con hasta el 80 % de lo que se incauta con el fin, en principio, de financiar el combate contra el crimen.


Aunque ha sido útil en el manejo de bienes productos del narcotráfico o en delitos de "cuello blanco" como en el fraude orquestado por Bernie Maddoff, los activistas que se oponen a la "confiscación civil" creen que se convirtió en un "incentivo perverso".


Y, como señala la abogada Brenda Grantland, de FEAR, una organización dedicada a combatir la práctica, eventualmente también "resultó un aliciente para hacer trampa y conseguir ingresos".


"Da al Gobierno y a la Policía demasiado poder porque permite que se queden con el resultado de las confiscaciones", le dijo Grantland a BBC Mundo.


Según una investigación hecha por el grupo de defensa de las libertades civiles Instituto de Justicia en 52 departamentos de policía estatales, cerca del 14 % del presupuesto de esas agencias proviene de este tipo de confiscaciones.



La Operación Tenaha




Para justificar la confiscación, los agentes tan solo deben demostrar que existe una "duda razonable" sobre la legalidad de las actividades de los dueños de esos bienes o sobre su procedencia.


Pero el caso de Boatright y Henderson en Texas es paradigmático en lo que denuncian los activistas contra la confiscación civil.


El agente que los paró les hizo varias preguntas rutinarias hasta que la cuestión pasó a ser si llevaban efectivo. Como respondieron que sí, los arrestaron y amenazaron con acusarlos de lavado de capitales.



Incluso les dijeron que podrían poner a sus hijos en un orfelinato si no firmaban su renuncia a los derechos sobre el dinero.


No importó que pudieran demostrar que lo llevaban para comprarse un automóvil.



Su caso formó parte de una demanda colectiva impulsada por la Unión de Libertades Civiles de Estados Unidos (ACLU, en inglés) contra policías del pueblo Tejano de Tenaha, en el condado de Shelby, en Agosto de 2012.


Allí, en lo que incluso llegó a ser conocido como "la operación Tenaha" (entre 2006 y 2008), ACLU estima que los policías confiscaron unos US$ 3 millones a conductores que no habían cometido ningún crimen.



Juicio a las Cosas



Un problema adicional es que en los casos de confiscación civil, lo enjuiciado son los objetos.



Así que, si el dueño de los bienes confiscados quiere ir a juicio, se enfrenta a que los objetos no tienen derecho a un abogado y tampoco son inocentes hasta que se demuestre lo contrario.



De ahí que en los tribunales se ventilen casos como "Texas contra un Chevrolet Silverado 2004" o "Estados Unidos contra US$ 8.850 en moneda Estadounidense".


El abogado Scott Bullock, de Instituto para la Justicia (que considera la confiscación civil un "robo avalado por el Estado"), le explicó a BBC Mundo que se trata de una "ficción legal" que hace que se pueda enjuiciar a la propiedad y no al dueño.


"Esa es la principal diferencia con la confiscación penal, que va contra la persona que ha cometido un delito y afecta, por ejemplo, a quien se compró una mansión con dinero del narcotráfico", señala Bullock.


"Y la carga de la prueba recae en la propiedad. Su dueño debe probar su inocencia con una demanda para que le devuelvan lo suyo".


Según Bullock, el proceso es tan oneroso para el ciudadano que la gran mayoría de los casos no terminan con una sentencia sino con el dueño de los bienes confiscados dándose por vencido.


Además, Kaney Bennet, abogada de ACLU, le dijo a BBC Mundo que una de las preocupaciones de su organización está en que la mayoría de las víctimas de la confiscación civil son personas con pocos recursos.


"Suelen ser los menos pudientes o personas de raza negra, individuos que no tienen poder financiero para ir contra el Gobierno cuando les han confiscado la propiedad".


(De todos modos, si recuperan el dinero,  será muchos años después y no les darán intereses por el uso estatal del dinero ni tendrán en cuenta la inflación)



Reforma Legal



El asunto, relativamente poco conocido por los propios Estadounidenses, ha llevado a actuar al Fiscal General del Estado, Eric Holder.


En Enero Holder emitió una orden para prohibir a las policías locales y estatales valerse de las leyes federales para confiscar dinero, autos y otras propiedades sin que se constate actividad criminal.


"Con esta nueva política, efectiva inmediatamente, el Departamento de Justicia da un importante paso en prohibir a las agencias federales la adopción de confiscaciones estatales o locales", dijo Holder en un comunicado.


Pero Bullock considera que "el problema real es que las leyes son abusivas".


"No estamos hablando de unos policías violando la ley al quedarse con las propiedades de los ciudadanos, es que la ley permite que lo hagan", agrega.


Es por esto que Bullock aboga por la abolición de la figura de la confiscación civil y pide que sea algo estrictamente penal.


"Nadie debería perder una propiedad sin haber sido condenada por un crimen", opina.



En cualquier caso, sin llegar a la abolición, Bullock considera que hay otras cosas que se podrían hacer, como regularlo de forma que no sea tan gravoso para el ciudadano recuperar sus bienes.


"El derecho de propiedad debe ser mejor protegido. El Gobierno debería tener que probar la culpa, no las personas probar la inocencia", considera.



"Y la reforma más fundamental es poner fin a este perverso incentivo financiero. Si debe existir la confiscación civil, el dinero debería ir a una cuenta general o fondo neutral, no directamente a quienes están en la calle aplicando la ley".



(Fuentes : BBC Mundo y eldiariony.com)