ARGENTINA - LA PAMPA - PASARON 4 AÑOS DEL MEGA-OPERATIVO DE LA AFIP Y NUNCA SE HIZO ALGUNA DENUNCIA

19/04/2014


Argentina - La Pampa


Evasión: a 4 años del megaoperativo, AFIP no hizo la denuncia




Los procedimientos se realizaron en General Pico, Intendente Alvear y Vértiz en Agosto de 2010, pero la AFIP aún no resolvió si hará una denuncia penal porque sigue discutiendo el monto de la supuesta evasión.


¿ Puede tratarse de un récord ?


Quizá. Porque ya hace casi cuatro años que hubo un mega-operativo de la Administración Federal de Ingresos Públicos, con 23 allanamientos en General Pico, Intendente Alvear y Vértiz por presunto fraude fiscal en la comercialización de cereales y hacienda, y el organismo recaudador todavía no resolvió si hará la denuncia penal para que la Justicia Federal investigue si se cometió algún delito.


Los procedimientos se efectuaron en Agosto de 2010 y en ellos se secuestraron 94.400 dólares "de apariencia apócrifa" y sellos de la Policía Federal y de la Justicia Santafesina que también serían falsos, según lo dijo la Cámara Federal de Bahía Blanca cuando respondió planteos de algunas de las personas involucradas.


Fuentes seguras indicaron que los presuntos evasores continúan aún discutiendo administrativamente con autoridades de la AFIP sobre el monto supuestamente evadido.


"Hay una oficina que se encarga específicamente de ese tema y está allí", indicaron las fuentes. La cifra final no es un dato menor porque si fuera hasta 400.000 pesos por cada tributo y por cada ejercicio, todo se arreglaría con una multa; pero si fuera mayor, el organismo nacional está obligado a ir a la Justicia.


Cuando se produjeron los allanamientos, la Ley Penal Tributaria fijaba ese línea divisoria en 100.000 pesos, pero a fines de 2011 el Congreso cuadruplicó la cifra, por lo que los sospechosos podrían acogerse a la norma más beneficiosa; es decir ésta última.


Lo que se trata de saber es si un grupo de productores agropecuarios Pampeanos del norte provincial, ayudados por sus abogados y contadores, evadió el pago de impuestos.


El mega-operativo se cumplió en establecimientos rurales y en estudios jurídicos y contables donde había documentación de los dueños de esos campos.



La ley da 120 días



El artículo 18 de la Ley Penal Tributaria, en la parte relacionado con los procedimientos administrativo y penal, dice textualmente:


"El organismo formulará denuncia una vez dictada la determinación de oficio de la deuda tributaria, o resuelta en sede administrativa la impugnación de las actas de determinación de la deuda de los recursos de la seguridad social, aun cuando se encontraren recurridos los actos respectivos".


"En aquellos casos en que no corresponda la determinación administrativa de la deuda se formulará de inmediato la pertinente denuncia, una vez formada la convicción administrativa de la presunta comisión del hecho ilícito".


Y agrega: "Cuando la denuncia penal fuere formulada por un tercero, el Juez remitirá los antecedentes al organismo recaudador que corresponda a fin de que inmediatamente dé comienzo al procedimiento de verificación y determinación de la deuda.


El organismo recaudador deberá emitir el acto administrativo a que se refiere el primer párrafo en un plazo de 120 días hábiles administrativos, prorrogables a requerimiento fundado de dicho organismo".No hace falta decir que desde los allanamientos a hoy pasaron más de 120 días hábiles.


Sin embargo, en la regional Junín de la AFIP -de la que dependen Santa Rosa y General Pico- parecen no mirar el calendario.


¿ Por qué la Justicia Federal no hace nada ?


Por una simple razón, porque la AFIP aún no fijó definitivamente si hubo evasión y cuál fue el monto. Recién cuando presente una denuncia, si es que la presenta, la Jueza Lara Silvestre y el Fiscal Juan José Baric podrían intervenir.


Aval Judicial


¿ Por qué la Justicia no puede intervenir, pero sí lo hizo la Cámara Bahiense ?




Porque aunque penalmente no existen imputados, cinco involucrados prefirieron adelantarse a una eventual denuncia y pidieron en el Juzgado Federal de Santa Rosa que los allanamientos se declaren nulos.


El fallecido Juez Pedro Zabala rechazó esa petición y el tribunal de Bahía Blanca lo avaló.
Los pedidos desestimados fueron presentados por Héctor Abel Gonzalo, Lucas Eduardo Soria (ambos viven en Castex) y Raúl Aníbal Castresana.


Los otros involucrados son Andrés Emilio Falagan y Gerardo Enrique Vega. Este último viviría en Junín.


Los abogados de Gonzalo y Soria cuestionaron las órdenes de allanamiento, las actas labradas en ellos, la falta de entrega de copias y hasta que se secuestraran elementos que no tenían vinculación directa con la pesquisa de los sabuesos.


"No es requisito de validez de la orden de allanamiento que la misma contenga los fundamentos que la justifican", dijeron los Jueces Bonaerenses.


También indicaron que un allanamiento tampoco puede ser nulificado porque haya sido delegado en los funcionarios de la AFIP, y que "la falta de inventario detallado no acarrea la nulidad de la diligencia, ni la del acta que la documenta. En todo caso, influirá -en su momento- en su valoración como prueba".


La Cámara remarcó que el acta labrada en el domicilio de Gonzalo "contiene un detalle suficiente de los efectos secuestrados", y acotó que además se dejó constancia de la entrega a Soria ("uno de los empleados de la empresa y consorte de causa de Gonzalo") de un juego de cinco CDs, correspondiente "a una de las tres copias de los sistemas informáticos obrantes en la firma".


Esas copias fueron realizadas por el propio Soria.


Siempre respondiendo a los planteos de la defensa, los jueces expresaron que "la falta de entrega de una copia del acta a la persona que se encontraba en el inmueble no provoca la nulidad de la diligencia", ni tampoco la negativa "de Gonzalo y sus acompañantes" a firmar el acta, ya que se dejó constancia de esa decisión.


(Fuente : laarena.com.ar)